Una investigación que expone la gestión de Álvaro Uribe Vélez como director del Departamento de Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982, período en el que otorgó licencias a empresarios cuyos nexos con el narcotráfico permanecían ocultos.
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Una investigación que expone la gestión de Álvaro Uribe Vélez como director del Departamento de Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982, período en el que otorgó licencias a empresarios cuyos nexos con el narcotráfico permanecían ocultos. El relato desentraña la trama de autoridades, permisos aéreos y conexiones con las redes de tráfico de drogas que operaban desde Medellín, interrogando una gestión pública que se mantuvo intacta mientras todo a su alrededor se desmoronaba.
En 1981, Álvaro Uribe Vélez ostentaba la dirección del Departamento de Aeronáutica Civil, cargo que ocuparía hasta 1982. Durante su gestión, el joven funcionario autorizó la operación de rutas aéreas y la construcción de pistas que después se revelarían vinculadas a empresarios oscuros. La más polémica de estas licencias fue la otorgada a Jaime Cardona, empresario estrechamente ligado a la mafia, hecho que generó la protesta de Iván Duque Escobar, entonces gobernador de Antioquia.
El relato comienza con un llamado telefónico entre estos funcionarios. Duque alertó a Uribe sobre la verdadera naturaleza de Cardona y sus negocios. La respuesta fue contundente: Uribe sostuvo con voz serena que Cardona era un hombre de bien. Cuando Duque escaló el asunto hasta el presidente Turbay Ayala, los archivos de Aerocivil aparecieron misteriosamente borrados. Las licencias fueron derogadas en apariencia, pero Uribe permaneció en su cargo durante casi tres años más.
El texto teje una narración donde los permisos aéreos se entrelazan con los nombres de los mayores narcotraficantes colombianos. Se documentan otorgamientos a Carlos Lehder, Pablo Escobar y la familia Ochoa, cuyos aviones y helicópteros operaban desde pistas construidas con licencias expedidas durante la administración Uribe. El Consejo Nacional de Estupefacientes eventualmente ordenó la suspensión de 57 aeronaves vinculadas a estos personajes.
Paralelo a esto, la investigación revela un contrato sospechoso con la firma Colasesores Ltda. por más de 43 millones de pesos, supuestamente para estudiar sistemas administrativos, que fue prolongado indefinidamente y del cual desaparecieron doscientos folios. Este tejido de incidentes construye la pregunta central: cómo un joven funcionario logró permanecer intacto en un cargo tan conflictivo, mientras la institucionalidad se desmoronaba a su alrededor.
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